El sector reclama definiciones claras y la continuidad de políticas públicas efectivas frente a recortes y cambios de enfoque.
El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, se encuentra en un escenario de redefinición de políticas públicas en diversas áreas, y la discapacidad no es la excepción. Desde el inicio de su gestión, el sector de personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de la sociedad civil expresan una mezcla de preocupación por los posibles recortes presupuestarios y la incertidumbre sobre el futuro de programas clave, al tiempo que reclaman definiciones claras y la continuidad de políticas que garanticen derechos y oportunidades.
La relación entre el gobierno nacional y el universo de la discapacidad en Argentina ha estado marcada por una serie de anuncios, cambios en la estructura de ministerios y secretarías, y un debate constante sobre la priorización de recursos. Uno de los puntos de mayor tensión ha sido la reestructuración del área de discapacidad, que tradicionalmente dependía de ministerios con amplias competencias sociales. La creación de nuevas áreas o la delegación de funciones a organismos con menor peso político ha generado inquietud sobre la capacidad de respuesta y la efectividad de las políticas implementadas.
Las organizaciones de personas con discapacidad y sus referentes han fundamentado sus preocupaciones en varios ejes centrales. La principal inquietud radica en la posible reducción del presupuesto destinado a políticas de discapacidad. Históricamente, el sector ha dependido de fondos específicos para programas de asistencia, rehabilitación, inclusión educativa, laboral y acceso a tecnologías de apoyo. Los ajustes fiscales que ha impulsado el gobierno nacional generan el temor de que estas partidas sean disminuidas, afectando directamente la calidad de vida y las oportunidades de miles de argentinos y argentinas con discapacidad. Se argumenta que la discapacidad no es un gasto, sino una inversión en derechos humanos y capital social.
La continuidad de programas emblemáticos como el Programa Nacional de Asistencia Técnica para Personas con Discapacidad (PROATH), que facilita el acceso a tecnologías de apoyo (sillas de ruedas, prótesis, audífonos, etc.), o las políticas de inclusión laboral a través de las Leyes de Cupo, son motivo de análisis. Los cambios de gestión a menudo implican revisiones de programas existentes, y en este contexto, se teme que algunos de ellos sean discontinuados o modificados de manera que reduzcan su alcance o efectividad.
Existe un debate sobre el rol que el Estado debe asumir en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Si bien se reconoce la importancia de la participación de las provincias y municipios, la descentralización excesiva sin un marco normativo y financiero claro puede generar desigualdades territoriales. El sector reclama que el gobierno nacional mantenga un rol rector, garantizando la aplicación uniforme de políticas y la equidad en el acceso a derechos en todo el territorio nacional.
Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Las políticas públicas deben estar alineadas con los principios de esta convención, que promueve la inclusión plena, la no discriminación y la participación activa. Las organizaciones señalan que cualquier modificación en las políticas debe respetar este marco internacional y no retroceder en los avances logrados.
Un reclamo transversal ha sido la falta de canales de diálogo fluidos y participativos entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Se argumenta que la construcción de políticas efectivas para la discapacidad requiere la consulta y el consenso con quienes son los protagonistas directos de estas políticas. La ausencia de mesas de trabajo o la restricción de espacios de debate ha generado desconfianza.
Por su parte, el gobierno nacional ha defendido sus medidas enmarcándolas dentro de un plan de ordenamiento fiscal y de reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente. Desde la perspectiva oficial, se argumenta que se busca eliminar «gastos innecesarios» y optimizar los recursos. En algunos discursos, se ha planteado la necesidad de que el sector privado y las propias familias asuman un rol más protagónico, y se ha hecho hincapié en la «eficiencia» de la gestión.
Sin embargo, la falta de definiciones concretas sobre cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad en el nuevo esquema ha sido una constante. Las organizaciones señalan que, si bien se habla de «optimización», no se han presentado planes detallados que aseguren la continuidad y mejora de los servicios esenciales. La ausencia de voceros oficiales que aborden de manera profunda y específica las políticas de discapacidad ha contribuido a la incertidumbre.
El futuro de las políticas de discapacidad en Argentina bajo la gestión de Milei presenta desafíos significativos. La capacidad del gobierno para conciliar la austeridad fiscal con la garantía de derechos humanos fundamentales será puesta a prueba. Las organizaciones del sector continúan en estado de alerta, buscando establecer canales de diálogo y defender los avances logrados.
La sociedad argentina, en su conjunto, observa con atención cómo se abordará esta temática, que no solo involucra a un porcentaje importante de la población, sino que también define la calidad democrática y el compromiso con la inclusión del país. La demanda de políticas públicas claras, sostenibles y con perspectiva de derechos es un clamor que resuena fuerte en este contexto de cambios profundos.
Cinthia Spadaro.