En octubre de 2024, la Cámara de Diputados de Nación, decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado preocupación y controversia tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Esta ley, que buscaba garantizar un presupuesto estable y progresivo para las universidades públicas del país, fue ampliamente apoyada por docentes, estudiantes y sindicatos, que veían en ella una oportunidad para fortalecer el sistema educativo en un contexto de creciente demanda y escasez de recursos.
Este veto ha sido duramente criticado por sectores educativos y sindicales que consideran que se está poniendo en riesgo el futuro de la educación pública. Las universidades, que ya vienen sufriendo recortes en los últimos años, alertan sobre las dificultades para sostener su infraestructura, las investigaciones, el pago de salarios y el desarrollo de proyectos de extensión. Los sindicatos docentes, han advertido que la falta de financiamiento adecuado pone en peligro la calidad académica y el acceso a la educación superior para miles de estudiantes.
Las protestas no tardaron en surgir. A lo largo del país, estudiantes y docentes han organizado manifestaciones, tomando como bandera la defensa de la educación pública y exigiendo al gobierno una rectificación en su postura. Las universidades se han declarado en estado de alerta y muchas ya han anunciado planes de lucha que incluyen vigilias y tomas, otras impulsan paros y movilizaciones en las principales ciudades del país.
En la provincia de Buenos Aires, se viene dando una fuerte batalla en diferentes puntos, uno de los más destacados es en la ciudad de Campana, en donde realizaron hasta la fecha tres marchas estudiantiles, una vigilia en la UNLU y se destaca la unificación de todas las instituciones y universidades de la ciudad dentro de un espacio que es conocido como Movimiento Estudiantil de Campana.
El veto a la ley también ha generado un debate en el Congreso, donde varios bloques de la oposición han criticado la decisión del gobierno y han adelantado que buscarán mecanismos para revertirla. Desde el Frente de Todos, uno de los partidos que impulsó la ley, se ha señalado que «invertir en educación es invertir en el futuro», y se ha hecho hincapié en que una formación universitaria accesible y de calidad es clave para el desarrollo social y económico del país.
La decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario no solo tiene implicancias inmediatas en términos presupuestarios, sino que también proyecta un escenario incierto para la educación pública en los próximos años. El pueblo Argentino se enfrenta a la necesidad de sostener un sistema educativo robusto, inclusivo y que siga siendo un motor de movilidad social.
El debate está lejos de cerrarse, y lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino la posibilidad de que miles de jóvenes accedan a una educación superior gratuita y de calidad, uno de los pilares históricos del sistema educativo argentino desde 1949.
Cinthia Natalia Spadaro